La Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial día a día adquieren mayor importancia dentro del marco económico e industrial del país, motivado esto por las políticas Neoliberales y de libre comercio que ha hecho nece- sario un mayor desarrollo tecnológico del sector industrial y un mejora- miento continuo del talento representado en sus trabajadores.

A partir de la Ley 9 de 1979 el gobierno promulgó políticas de promoción de la Salud, de prevención de la enfermedad y de la accidentalidad de- rivada del trabajo, eventos que implican un alto costo social y económico para el país, así como de inversiones cuantiosas por parte de los empre- sarios. La ley 100 de 1993, ratifica aun más dichas políticas, dedicando el tercer libro a la reglamentación del Sistema General de Riesgos Profesion- ales, facultando al sector privado para participar activamente en la admin- istración de este sistema a través de las Administradoras de Riesgos Pro- fesionales (ARP), quienes son las encargadas de garantizar que el sector empresarial implemente y ejecute las actividades orientadas a preservar y mejorar las condiciones laborales protegiendo de esta manera la salud de la población trabajadora, para lo cual ejercerán un control y vigilancia directa de las políticas de prevención reglamentadas por el gobierno, en cada una de las empresas afiliadas.

De otra parte, está perfectamente demostrado que la implementación y desarrollo de los programas de gestión en salud ocupacional en las em- presas, disminuye en forma considerable los costos derivados de las pér- didas sensibles e insensibles, ocasionadas por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; contribuyendo sustancialmente al mejora- miento continuo de la calidad, dando como resultado una mayor produc- tividad y rentabilidad para la empresa.